sábado, 26 de marzo de 2005

AQUELLOS SESENTA QUE DIJERON SÍ


LO PEOR no es que los políticos nos traten como a imbéciles; lo peor es que piensen que lo somos. Se permite José Miguel González, actual portavoz nacionalista en el Parlamento autonómico y miembro del Gobierno allá por 1992, cuando se aprobó la injustificable ley que posibilitó la expropiación de los inmuebles limítrofes a la sede de la Cámara legislativa, evidente ejemplo de despotismo provinciano, afirmar con rotundidad que a nadie puede caberle duda de la utilidad pública de la ampliación del edificio. ¿De verdad lo cree su señoría? El Tribunal Constitucional no parece compartir esa opinión, hasta el extremo de que ha puesto en evidencia a los sesenta diputados que en un claro ejercicio de ombliguismo aprobaron por unanimidad aquella errónea ley. Estupor, miedo incluso, y hasta un poco de risa, por qué no decirlo, provoca comprobar que quienes se dicen representantes de los ciudadanos porque la ley así lo establece, Víctor D´Hondt de por medio, son capaces de aunar esfuerzos en aras de defender un interés sumamente particular al tiempo que pisotean al prójimo, tal ha sido el sentido de la sentencia del más alto tribunal. Transcurrido el tiempo, de lo que no albergamos duda es de lo monísimo que ha quedado el edificio, digno escenario de trajes de Armani, zapatos de Barrats y corbatas de Hermes, amen de audis y mercedes de todos los colores, preferentemente oscuros, impidiendo el tránsito peatonal a sus puertas. Aunque con todo, lo verdaderamente preocupante es que la culpa no se la podamos achacar a alguien en concreto, a unas siglas definidas, que los autores de tamaño desatino mostraran en su día, por mor de su propia comodidad, una homogeneidad ausente en otros asuntos que sí podrían considerarse de utilidad pública. El caso de la inconstitucional ampliación del Parlamento ha evidenciado el surgimiento en las Islas de la clase política, y con eso está todo dicho: una suerte de estirpe harto alejada de la sociedad a la que dice pertenecer, capaz de crear leyes a medida cuando el pret a porter no le satisface. Si es bueno para nosotros, es bueno para Canarias, se dicen, y buscan el aplauso cuando a veces, lo que dan, es puro miedo.


Santiago Díaz Bravo
El Día