Zerolo está tranquilo. Confía en que, llegado el caso, la posibilidad de que el PP salga por la puerta falsa del Gobierno autonómico desarticulará cualquier moción de censura. Eso a pesar de intuir que desde CC ya no se le quiere como antaño.
Acaban de decir en la radio que no es verdad". Tras un breve silencio, la voz del concejal truena al otro lado de la línea: "¿Qué quieres, que me arriesgue a confirmarlo?". Populares y socialistas lo niegan ante los micrófonos cinco minutos antes de reconocerlo en conversaciones de pasillo y telefónicas: representantes de ambos partidos mantienen reuniones periódicas desde pocos días después de que el alcalde nacionalista de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, destituyera al líder del PP capitalino, el siempre controvertido Ángel Llanos. El objetivo: la alcaldía.
Calculadora en mano, socialistas y populares han especulado largo tiempo sobre los pros y contras de una moción de censura. En un principio se trató de conversaciones sin rumbo fijo, un continuo querer y no poder susceptible de llegar a ninguna parte. Pero empleando el símil futbolístico, a PSOE y PP se la han puesto como a Cardeñosa, a medio metro de la portería y con el cancerbero trastabillándose hacia el suelo. Lo que hace unos meses no pasaba de ser un sueño, arrebatarle el poder municipal a los insularistas por vez primera tras la reimplantación de la democracia, ha adquirido visos de probabilidad tras los continuos varapalos judiciales sufridos por el alcalde y su equipo en asuntos especialmente sensibles para la opinión pública.
El previsible derribo del edificio peyorativamente conocido como ´mamotreto´, un parking ubicado en la entrada a la popular playa de Las Teresitas, como consecuencia de una pésima praxis administrativa y política, ha supuesto un notable contratiempo para Zerolo, que había fiado buena parte de su crédito político a la transformación del entorno de dicha playa. Su empeño ha desembocado en el conflicto judicial más célebre de la reciente historia de Canarias, cuyas ramificaciones, implicaciones y responsabilidades delimitará una cada vez más lenta administración judicial.
La Opinión publicaba días más tarde que la fiscal anticorrupción de la provincia tinerfeña, María Farnés, iba a emprender una concienzuda investigación sobre las concesiones de obras municipales, en concreto las que permitieron la conversión del instituto García Cabrera en sede de parte de las oficinas de la corporación, con un coste superior a los 8 millones de euros, y algunas de las que se vienen realizando dentro del Plan E, cuyo importe supera los 40 millones. Se trataba de otro contundente misil a la ya de por sí debilitada credibilidad política del alcalde de Santa Cruz. Pero quedaba un tercer impacto, acaso el más severo.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hacía público el pasado lunes el fallo en el que declara nula la decisión adoptada por el pleno de Santa Cruz de privatizar la compañía municipal de aguas, Emmasa, un paso adelante que concitó en su día un aluvión de críticas desde diferentes sectores políticos, institucionales y vecinales. Era la joya de la corona, una empresa que a pesar de su carácter público funcionaba razonablemente bien y, lo más sorprendente, obtenía beneficios año tras año.
El equipo de Zerolo justificó en su día la privatización en los importantes ingresos que obtendría el Ayuntamiento, 60 millones que se destinarían a mejorar infraestructuras. Lo que acaso ignoraba la compañía Sacyr Vallehermoso, que contra todo pronóstico se hizo con la mayoría de la sociedad, era que se había incumplido el preceptivo proceso de información pública, un desliz subrayado por el TSJC que ha dado al traste con otro de los grandes proyectos municipales y que, en el peor de los casos, podría suponer para la administración santacrucera el desembolso de unos 90 millones de euros.
Los problemas se acumulan en las gavetas del despacho de Miguel Zerolo, debilitado políticamente como jamás lo había estado antes. Su crítico estado no ha pasado inadvertido para una oposición que lleva demasiado tiempo esperando su oportunidad. Incapaz de captar para sus listas a candidatos capaces de neutralizar la impresionante maquinaria electoral de Coalición Canaria, contempla ante sí una oportunidad sin precedentes para asaltar el poder municipal. Incluso los más prudentes, quienes se mostraban hasta hace poco partidarios de contemplar desde un segundo plano la caída de Zerolo, se debaten ahora entre dicha estrategia o el aprovechamiento de una coyuntura que cabe calificar de histórica.
PSOE y PP intuyen, además, que cuentan con argumentos de sobra contundentes para que la opinión pública entienda la operación y vea con buenos ojos la entrada en escena de un nuevo alcalde. Pero entonces llega la necesaria y temida decisión: ¿quién debe ser la persona llamada a sustituir al hasta ahora incombustible Zerolo? Las matemáticas políticas apuntan en dirección al PSOE, la oposición mayoritaria, pero apoyar a un candidato socialista no sería bien asumido por el aparato del PP, y lo mismo puede decirse con respecto a los socialistas y un hipotético candidato popular. Solución: ofrecer el liderazgo de ese peculiar gobierno de salvación a quien puede convertirse en el tercero en discordia, Ciudadanos de Santa Cruz, y en concreto a su líder, Guillermo Guigou, que a pesar de haber mejorado notablemente sus tensas relaciones con CC, hasta el extremo de "colaborar" en la labor de gobierno, se ha preocupado por mantener una cierta distancia con Zerolo, con quien jamás ha tenido buena sintonía.
Con todo, el alcalde de la capital se encuentra tranquilo. Confía que en el peor de los casos el líder del PP canario, José Manuel Soria, desarticule cualquier intento de pacto entre Llanos y el PSOE, no sea que tal operación pudiera costarle al partido la salida del Gobierno autonómico. Sabe, asimismo, que los socialistas santacruceros, divididos como de costumbre, defienden en su seno posturas encontradas acerca del posible pacto con los populares, si bien las declaraciones realizadas el viernes por el principal responsable de la agrupación local del PSOE, José Manuel Corrales, viendo con buenos ojos la operación si se cumplen determinadas condiciones, tal vez haya logrado que se enciendan las alarmas en CC. Corrales era hasta hace unos días uno de los más enconados opositores a pacto alguno con el PP.
Pero acaso lo que Miguel Zerolo no podía prever era que la decisión de romper con Ángel Llanos y los suyos, un golpe sobre la mesa que llevó a cabo sin consultar previamente con el partido, iba a toparse con duras críticas dentro de la propia organización nacionalista, donde se entiende que no se trataba del momento más adecuado para andar realizando experimentos.
La noticia de la posible moción de censura ha acentuado la preocupación en CC, aunque a decir verdad no todo son caras largas, al menos en privado. El sempiterno candidato a suceder a Zerolo al frente de la candidatura nacionalista al Ayuntamiento, el vicepresidente del Cabildo José Manuel Bermúdez, sabe que cualquier error del todavía alcalde, y últimamente se le pueden atribuir unos cuantos, alimenta sus opciones de situarse al frente de la lista electoral. A ello se une el hecho de que buena parte de los más destacados cargos del equipo de Zerolo formen parte de la guardia pretoriana de Bermúdez, que se ha esmerado en los últimos años en aumentar su control sobre la organización municipal del partido y, al mismo tiempo, en reforzar su imagen en los diferentes barrios y entre las numerosas asociaciones de vecinos.
Además, ni Bermúdez, un hombre cercano al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, ni el resto de los pesos pesados de CC ignoran que Zerolo ha flirteado con otras opciones políticas de corte radical, e incluso que se ha planteado participar en la fundación de una nueva organización. Tal actitud ha hecho que pierda apoyos dentro de la propia CC, donde a estas alturas se contempla a Zerolo más como un problema que como una opción de futuro.
Santiago Díaz Bravo
La Opinión
