Los trabajadores que ha despedido la empresa pública Proexca lo están pasando igual de mal, igual de peor que mal, que los cerca de trescientos mil ciudadanos de las islas que en los últimos años han pasado a engrosar las listas del paro. A fin de cuentas, nada les diferencia: unos y otros son víctimas de una crisis económica que a estas alturas se caracteriza por una total falta de sutileza. Pero de lo que acaso no seamos tan conscientes es del flaco favor que las sociedades de capital público han prestado al tejido empresarial del archipiélago, incidiendo de forma directa en el agravamiento de un paisaje decadente que amenaza con instalarse más tiempo del debido.
Las administraciones canarias, en su haber con las mejores intenciones, en su debe haciendo gala de una escasa capacidad de prever las consecuencias de sus propias decisiones, se embarcaron décadas atrás en una vorágine que les llevó a aventurarse en toda suerte de aventuras empresariales, empeño que ha devenido en un doble efecto: por un lado, la dilapidación de fondos públicos en ámbitos que una economía moderna deja al libre albedrío de la iniciativa privada, mejor gestora de la cabeza a los pies e incluso con los ojos cerrados; por otro, una competencia desleal y desigual en diversos frentes que ha tenido como consecuencia el debilitamiento de la iniciativa privada. Al confundir inversión con intervención, los ayuntamientos, los cabildos y la administración autonómica han acabado por convertirse en patrocinadores de una de las más arraigadas taras de la economía isleña: la escasa competitividad.
La sombra de lo público ha sido tan alargada durante tantos años que lo privado ha carecido de la luz necesaria para fortalecerse, crecer y desarrollarse. Ahora, cuando las instituciones echan de menos aquellas suculentas cuentas corrientes de las que durante años se enorgullecieron, el precio de tamaña distorsión lo pagamos convirtiéndonos en víctimas de nuestra propia incapacidad para crear oportunidades de negocio y generar puestos de trabajo, una misión que en una economía real, alejada de los presupuestos de las administraciones, sólo pueden desempeñar los empresarios. Los privados, porque aunque esta simple aclaración resulte una redundancia, no lo es tanto en una tierra donde los conceptos han llegado a solaparse.
La omnipresencia de lo público, incluido el desorbitante protagonismo de unas subvenciones que para algunos subsectores hace tiempo que dejaron de ser un medio para tornarse en un fin, carga buena parte de las culpas de un escenario de depresión económica en el que las administraciones dan muestras de carecer de medios e ideas y los empresarios de andar faltos de esa pericia que solo se logra con el ejercicio diario.
Santiago Díaz Bravo
ABC
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