¿QUÉ HAY DE LO MÍO?

Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, habló días atrás de la posibilidad de que las autonomías devuelvan a la administración estatal las competencias en Sanidad, Educación y Justicia, un retorno que en la práctica supondría el desmantelamiento del organigrama de descentralización del poder que establece la Constitución de 1978, un ejército de militantes de partidos políticos de diferente signo, incluido el de la propia gerifalte madrileña, sintió que un desagradable escalofrío le recorría el cuerpo al tiempo que el estómago se le achicaba. A fin de cuentas, Aguirre acababa de poner en tela de juicio sus garbanzos, que muchos de ellos difícilmente se ganarían fuera de un sector público al que han accedido gracias a la intermediación de las organizaciones a las que han jurado fidelidad.

Dejémonos de ambages y reconozcamos a las claras que los partidos se han convertido en una suerte de oficinas de colocación que hacen uso indiscriminado de unas administraciones sobredimensionadas para situar en puestos más o menos relevantes a sus acólitos y, de esa forma, pagar adhesiones. Poco importa que el perfil del beneficiado no responda a los requisitos del cargo, porque ya se ocuparán los técnicos, especialmente aquellos que puedan presumir de no haber sido designados a dedo —¡también!—, de sacarle las castañas del fuego.

La costumbre de levantar el teléfono y preguntar «¿qué hay de lo mío?» es una constante tras cada cita electoral, sin distingos entre siglas, administraciones ni enclaves. Y Canarias, donde difícilmente podríamos embarcarnos, con posibilidades de éxito, en la búsqueda de referentes de racionalidad política, no es la excepción. Nada menos que tres administraciones, en el ámbito autonómico con cometidos que se repiten en ambas capitales, cuando no en las siete islas, sirven de sustento a cientos de militantes que han convertido el otrora noble arte de la gestión pública en un mero empleo, que no es poco en estos tiempos que corren.

Con todo, el aviso a navegantes de Aguirre se queda en un ligero chaparrón que cae sobre mojado, porque la reducción de los presupuestos públicos, una contundente consecuencia del deterioro económico, ha provocado de facto un enflaquecimiento de las administraciones del archipiélago que lastra la maniobrabilidad de los partidos a la hora de contentar a sus adláteres. Unos, los dirigentes, ven con preocupación como se reducen sus opciones de emular a los Reyes Magos; otros, los afiliados, comprueban que se aminoran sus posibilidades de medrar. Y es que la crisis no respeta a nadie, ni siquiera a enchufadores, enchufados y enchufables.

Santiago Díaz Bravo

ABC