ECONOMÍA SUMERGIDA

Ni buena, ni mala, ni nada que se le parezca, porque la economía sumergida no es sino el reflejo de las carencias de la economía oficial, esa que estructuran los legisladores, dirigen desde sus lustrosos despachos oficiales, a veces con aciertos, los prebostes de las más dispares administraciones públicas y supuestamente defienden las grandes organizaciones sindicales. Si a un vecino de este país se le ocurre ponerse a vender paraguas en una esquina, si el propietario de un restaurante apalabra una prestación de servicios remunerada con un trabajador sin mediar documento alguno, si un desempleado se ofrece al patrón a cambio de mayor sueldo pero menores garantías, si un ejército de señoras cuida a un batallón de ancianos con problemas de movilidad sin otro compromiso que el acuerdo oral, las más de las veces nos hallaremos ante la evidencia de que fallan quienes legislan, quienes gobiernan y, sobre todo, quienes presuntamente defienden los derechos del trabajador. Los primeros porque se desplazan a una velocidad harto menor que la de una realidad que en las últimas décadas es puro dinamismo; los segundos porque se muestran incapaces de hacer frente a esa realidad, ni siquiera de exigir al legislador que lleve a cabo las adaptaciones necesarias; los terceros porque en este país los sindicatos parecen haberse auto convencido de que lo suyo son los grandes partidos, aquellos que juegan contra consejeros, ministros y presidentes de corporaciones, o lo que es lo mismo, que su clientela se ciñe a los asalariados de la administración pública y de las principales factorías. Por ello la economía sumergida convive con la oficial, con crisis y sin ella, porque es la defensa natural de la cotidianidad contra la remunerada incompetencia de quienes se llenan la boca hablando de desarrollo económico y contra aquellos que se jactan de ondear la bandera de los derechos de los trabajadores sin aclarar que se refieren tan solo a una parte de los trabajadores.

Santiago Díaz Bravo
La Opinión