Hasta hace poco, lograr financiación pública era una misión harto sencilla: el político de turno descolgaba el teléfono e intercambiaba unas pocas palabras con un representante cualificado de la caja de ahorros que, casualidades de la vida, bien había sido designado por el partido, bien se encontraba a las órdenes de algún comisionado. Ante tamaña tesitura, porque donde manda capitán a los marineros no les queda otra que callar y asentir para evitar servir de merienda a los tiburones, arrancar un sí se tornaba en un mero trámite. Esa práctica se repitió durante décadas en todas las provincias, convirtiendo estos organismos en burdos instrumentos partidistas y distorsionando con ello el mercado. La manida burbuja inmobiliaria, una de las causas de la crisis económica, se explica en buena medida por tales cambalaches. Y hasta aquí lo malo, que no es poco y ha motivado varias quiebras, inevitables fusiones y la posible conversión de los nuevos conglomerados en bancos al uso.
Porque también ha habido aspectos positivos, toda vez que, de forma paralela, las cajas de ahorro han desempeñado un papel crucial en el sostenimiento de proyectos sociales y culturales tan imprescindibles como imposibles de rentabilizar desde un punto de vista económico. La ley les obliga a adentrarse en territorios baldíos para la iniciativa privada a los que los bancos, por mucho que se esmeren en disimularlo, ni siquiera han hecho amago de asomarse.
Pero ha llegado la hora de lo peor, porque los desmanes cometidos y la necesidad de reorganizar el panorama de estas entidades, so pena de que definitivamente arrastren al país hacia el colapso, han mermado considerablemente los fondos que antaño se destinaban a un sinfín de servicios sin ánimo de lucro. La paradoja luce cruenta: el período de mayor debilidad de las cajas, incluida su posible extinción, coincide con el momento histórico en el que resultan más necesarias, imprescindibles incluso para llegar a aquellos recovecos de la sociedad a los que ni siquiera la administración es capaz de acceder.
La situación es especialmente dramática en Canarias, una comunidad con un sector público acuciado por los acreedores y un empresariado endeble y timorato. Las respectivas cajas provinciales han servido tradicionalmente de sostén a buena parte de la maquinaria social y cultural. Pero ahora, tras la anexión de CajaCanarias y La Caja de Canarias a grupos de ámbito nacional, donde las decisiones tienen mucho que ver con la supervivencia propia y poco o nada con la de las actividades a las que antaño apoyaban, todo ha comenzado a cambiar.
Una vez más, y van unas cuantas, los partidos políticos se ven abocados a resolver los problemas que ellos mismos han provocado.
Santiago Díaz Bravo
ABC
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