Emulando al perro del hortelano del gran Lope de Vega, parte de la clase política de las islas parece empeñada en mantener al archipiélago anclado en el inmovilismo económico que lo ha llevado a encabezar las listas de desempleo, porque no olvidemos que si el resto de las comunidades de la piel de toro cuentan con sobrados motivos para lamentarse, por estos lares faltan muros donde golpearnos la cabeza. Tales dirigentes, que llevan décadas llenándose la boca con la palabra diversificación sin pasar del verbo a los hechos, que a poco que sean observadores habrán comprobado que el turismo, con ser importante, no lo es todo, se aferran ahora a una contundente campaña contra unas prospecciones petrolíferas que podrían suponer el primer paso para una regeneración de facto de la estructura económica, el antes y el después de la manida diversificación.
La razón asiste a quienes se desgañitan afirmando que la industria petrolera ni por asomo se convertirá en el ansiado maná generador de puestos de trabajo, también a quienes reiteran con vehemencia que se corren serios riesgos medioambientales. No obstante, los primeros olvidan que el objetivo nunca debe pasar por incidir en el error y sustituir un bicultivo, turismo y construcción, por otro, turismo y petróleo, sino por abrir la puerta a una actividad generadora de riqueza capaz de franquear, a su vez, otras puertas, incluyendo la de las energías renovables, en auge aunque incapaces aún de hacer sombra a los hidrocarburos; los segundos obvian que los riesgos ya forman parte de la cotidianidad de unas islas que además de contar con una importante refinería, se han convertido en ruta de paso de cientos de gigantescos buques rebosantes de crudo. El incremento del peligro que conllevaría la extracción de petróleo resultaría considerablemente inferior a los beneficios que devendrían.
Con todo, lo más preocupante de tan acentuada obcecación política es el tiempo y la energía que se malgastan en un repudio anacrónico y baldío. El reparto competencial manda y, guste o disguste, las prospecciones se van a realizar y el hidrocarburo se va a extraer. Se trata de decisiones que se enmarcan en el entramado legal que fija la Constitución, lo que las puede convertir en criticables, no podría ser de otra forma, pero jamás en ilegítimas, como pregonan los más drásticos opositores al proyecto.
Tal panorama debería hacer reflexionar a las autoridades locales y convencerlas de que la mejor opción pasa por aparcar los grandilocuentes discursos de reafirmación política y negociar el mayor número posible de prebendas para Canarias. Siempre podrán argüir ante sus correligionarios que, lejos de unirse al enemigo, se han aprovechado de él.
Santiago Díaz Bravo
ABC
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