Septiembre de 2003. Un buen amigo, excelente periodista, cubre el sepelio de Marisa Hernández, una joven discapacitada que días antes había sido violada, asesinada y arrojada al mar en la localidad de San Juan de la Rambla. En su afán por obtener las mejores fotografías, ruega a una anciana que presencia la llegada del cortejo fúnebre desde la puerta de su casa que le permita subir a la segunda planta, emplazamiento idóneo para tomar unas instantáneas. La mujer le sonríe antes de franquearle el paso y anunciarle que “un compañero suyo ya está arriba”. Pero el rostro del camarógrafo que filma la ceremonia le resulta desconocido, acaso porque no trabaja para medio de comunicación alguno, según le confiesa con retraimiento, temeroso de que le recrimine haberse hecho pasar por informador. Se trata de un guardia civil de paisano que graba los gestos de los asistentes al luctuoso evento a través de un potente objetivo. “A menudo los asesinos pertenecen al círculo de la víctima y se ven obligados a acudir al entierro. Su actitud puede delatarles”, se sincera conforme van entablando una amistosa conversación. Aquellas imágenes, que van a ser escrutadas por avezados investigadores, tal vez ofrezcan alguna pista.
Transcurridos ocho años, lo unico que sabemos es que o bien el autor, o autores, no asistieron al funeral, o bien, si lo hicieron, fueron lo suficientemente precavidos para merecer un reconocimiento teatral. El caso, cuyo expediente se halla paralizado a la espera de unas pruebas de ADN, continúa envuelto en el misterio, uno más en la lista de desapariciones y crímenes irresueltos que enturbian la placidez de estas islas y evidencian que los métodos de investigación policial a veces se quedan en la buena voluntad de sus responsables.
Pero el tirón de orejas debe incluir a unos medios de comunicación que, tan dados al alumbramiento de noticias fútiles como al inexplicable homicidio de hechos relevantes, llevan años centrando su atención en Yéremi Vargas y Sara Morales, de nuevo en la palestra tras la desaparición de los hermanos cordobeses Ruth y José Bretón, mientras relegan a un segundo plano otras señaladas páginas de la reciente crónica negra de Canarias. La crisis que sufre el sector es probable que les haga dudar de su innegable poder de influencia y olvidar su deber de fiscalizar a las administraciones públicas. Líbrenos el destino de cometer un doble agravio: que a la impericia en las pesquisas se sume el injustificable olvido de una víctima que aún clama justicia.
Santiago Dïaz Bravo
ABC
No hay comentarios:
Publicar un comentario