Los libros de historia constatan que los intentos de la administración por asumir el protagonismo en la economía se han saldado con estrepitosos fracasos. Tal evidencia ha provocado, no obstante, dos riesgosos efectos: por un lado, la creencia de que los poderes públicos deben ceñirse al papel de observadores; por otro, la identificación entre desarrollo económico y prosperidad, o lo que es lo mismo: la tesis de que el gasto sólo halla justificación cuando el resultado del desembolso es directamente proporcional al beneficio monetario que genera. Y aunque a los defensores de ambos argumentos les asiste la razón que otorgan los números, cabe reprocharles su exacerbado empeño por meterlo todo en el mismo saco y permitir que tales números, importantes sin duda, tornen en una suerte de deidad pagana, como si una sociedad funcionara a modo de empresa y su éxito dependiera en exclusiva de la cuenta de resultados, ignorando que el desarrollo económico sólo adquiere sentido cuando se acompaña del científico y cultural.
Porque la historia, máxime los renglones escritos el último lustro, también prescribe el término medio como la vía adecuada, de forma que si bien la administración está obligada a autoexcluirse de los procesos productivos al tiempo que a velar por su transparencia y limpieza, también lo está a esforzarse para que el desarrollo económico no se convierta en el último peldaño, que debe reservarse a la búsqueda de la ya mencionada prosperidad en su más amplia acepción, es decir, el compendio que conforman el bienestar monetario, el avance de la ciencia y el desarrollo cultural.
Exijamos entonces a los servicios de recogida de basuras, de suministro de agua, de limpieza, que, cuando menos, no generen pérdidas, pero no apliquemos tal requisito a ámbitos como el de la cultura, y mucho menos los castiguemos por ello. Porque la cultura rara veces satisfará las exigencias de un contable, pero dudar de su aportacion a la prosperidad concedería argumentos sobrados a quienes se limitan a evaluar los logros sociales desde un punto de vista economicista.
Ello no debe ser óbice, sin embargo, para que Canarias, atendiendo a intereses superiores, limite los fondos destinados a la cultura, pero tal recorte sólo resultará aceptable si se aplica con mesura y, sobre todo, como remedio coyuntural. Lo primero, de momento, parece lejano, aunque no imposible teniendo en cuenta que los presupuestos para 2012 deben superar el trámite parlamentario. Lo segundo permitirá discernir a unos años vista si al frente de estas islas se sitúa un gobierno o un consejo de administración.
Santiago Díaz Bravo
ABC
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