¿Es el ser humano propietario de su propio cuerpo? ¿Debe contar el Estado, en cuanto depositario de la soberanía popular, con la potestad de tomar decisiones que afecten a la voluntad individual sobre el uso del propio cuerpo, aún en el caso de que el uso elegido no perjudique a terceros? ¿Es socialmente aceptable la explotación del propio cuerpo como instrumento mercantil? La anunciada voluntad del Gobierno español de prohibir los anuncios de prostitución en la prensa, que cuenta con el apoyo de la práctica totalidad de las formaciones políticas, abre un debate que trasciende la legislación publicitaria para adentrarse en el siempre complejo ámbito de la libertad individual, tantas veces socavada por unos poderes públicos demasiado tendentes a pecar de exceso de celo. A fin de cuentas, los argumentos esgrimidos por quienes defienden la adopción de cuantas medidas sean necesarias para erradicar la denominada "profesión más antigua de la humanidad" no son sino un compendio de confusiones, inexactitudes y planteamientos morales fácilmente rebatibles. El Estado vuelve a confundir sus legítimas atribuciones y se apropia una vez más de lo que no le pertenece.
La existencia de redes internacionales mafiosas que secuestran a mujeres para explotarlas sexualmente en países extranjeros es una cruel y espantosa realidad. Miles de personas sufren las prácticas de tales organizaciones, que se pemiten actuar ante los ojos de las autoridades policiales y judiciales con una impunidad rayana en lo caricaturesco. Decenas de bares de carretera que se promocionan con gigantescos carteles luminosos y clubes nocturnos de dudosa reputación han vendio los servicios de esclavas durante años sin haber sido objeto siquiera de una inspección rutinaria. Sería de justicia propinar cuando menos un prolongado tirón de orejas a los responsables de la administración española por su desidia ante tan aberrantes, anacrónicos e inhumanos sucesos, pero también, echando mano de un popular dicho patrio, por confundir el tocino con la velocidad.
La necesidad de potenciar la hasta ahora insuficiente lucha contra la trata de mujeres es la justificación del Gobierno para prohibir los anuncios de prostitución, así que, si no entendemos mal, los gobernantes españoles reconocen subrepticiamente que una legión de maltratadores lleva décadas anunciando sus fechorías en las páginas de los diarios, con llamativas fotos inclusive, e invitando a la ciudadanía a convertirse en cómplice de tamaños desmanes. Por lo visto, la capacidad de reacción de los responsables de la cosa pública, entre cuyas atribuciones figura garantizar el cumplimiento de la ley, deja bastante que desear. Pero en el colmo de la confusión, el Ejecutivo mete en el mismo saco a detestables delincuentes, a las víctimas de sus fechorías y a ciudadanas y ciudadanos libres, honrados y en sus cabales que optan por ganarse la vida a través de las relaciones sexuales.
El Estado no debe ser quien para impedir a un ciudadano que comercie con algo que le pertenece, su propio cuerpo, ni para justificar la invasión del ámbito privado arguyendo criterios morales comunes, toda vez que comportamientos inaceptables para determinados individuos resultan a un tiempo aceptables para otros. Si ante prácticas tan polémicas como el aborto, en la que se halla en juego nada menos que la vida humana, la sociedad está aún lejos de alcanzar un consenso que probablemente jamás logre, cuánto más en un asunto de menor calado como la prostitución, cuyo ejercicio libre y responsable es objetivamente menos censurable que el de los fumadores que contaminan los pulmones de quienes se encuentran alrededor.
El tan manido concepto de dignidad, mentado hasta la saciedad en los discursos políticos, encuentra su origen en la esfera personal y difiere sensiblemente de una persona a otra. ¿Es más digno limpiar restos de defecaciones en un urinario público que practicar una felación? ¿Es más digna la labor de un matarife que la de quien consiente un coito remunerado? Infinidad de prostitutos y meretrices optarían por las segundas opciones.
Si bien es cierto que una prostituta alquila su cuerpo, una práctica inadmisible en la tradición judeocristiana, ¿es menos cierto que obran de igual forma los profesionales de cualquier otra disciplina? ¿No renta su cuerpo al patrón el operario de una fábrica durante ocho horas al día? ¿No lo hace el físico nuclear que pone sus cerebro a disposición de una corporación internacional?
La prostitución, una práctica lícita cuando se ejerce desde la libertad y la responsabilidad, no debería encontrar impedimentos legales en una sociedad que se considera desarrollada, pero que continúa siendo víctima de estigmas y tópicos absurdos. Prohibir que sus profesionales se publiciten no puede considerarse sino un acto de hipocresía y un atentado contra la libertad de las personas.
Santiago Díaz Bravo
Deberías visitar las zonas urbanas o los clubes en los que "trabajan" las miles de prostitutas (¿hay algún hombre?) que ejercen en España. Seguro que encuentras, en total, a 2 ó 3 que quieren dedicarse a esta "profesión" en la que, no lo olvides, no sólo se vende el trabajo del cuerpo, como en las fábricas. También se vende el propio cuerpo.
ResponderEliminarPor favor, no confíes en lo que dicen los periódicos. Los que denuncian la prostitución callejera y se las dan de puritanos ingresan muchos euros a costa de este "oficio".