De la euforia desmedida a la sospecha de fracaso en unas pocas horas. Anoche, el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y el resto de los líderes políticos que acudieron a la manifestación contra el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatut, se fueron a la cama convencidos de que había sido un gran día: la marcha de protesta en el centro de Barcelona, encabezada por una enorme senyera, había logrado congregar a un millón y medio de personas según las entidades organizadoras; a un millón cien mil si se atendía a la apreciación de la Guardia Urbana. Los medios de comunicación, catalanes y de ámbito nacional, se habían hecho eco del éxito de la convocatoria, y el propio Montilla se permitió la frivolidad de participar, a través del teléfono, en una corta entrevista en el programa de Tele 5 La Noria, con un entrevistador entregado a la causa, para cantar a un tiempo las excelencias de la reforma estatutaria y de la selección española de fútbol.
De madrugada, la Agencia EFE, un organismo estatal controlado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, sin vínculo alguno con los partidos y colectivos contrarios a la reforma del texto catalán, hacía pública una medición realizada por la empresa especializada Lynce (lynce.es) en las calles de la ciudad condal. Saltó la sorpresa. Y la victoria se tornó en despiadada derrota.
Lynce, una sociedad que aplica métodos vanguardistas para contabilizar las aglomeraciones, incluyendo cámaras de vídeo y fotografías aéreas, y cuyo primer conteo con repercusión pública fue el de la manifestación antiabortista celebrada el pasado mes de octubre en Madrid, que según los organizadores reunió a un millón doscientas mil personas, según el ayuntamiento a 250.000 y según esta empresa, a poco más de 55.000, ha fijado en 56.000 ciudadanos el número de asistentes a la protesta contra el fallo del Constitucional, con una estimación de posible error del 15 por ciento.
Tecnología aparte, el razonamiento de Lynce resulta contundente y difícilmente rebatible: las zonas públicas en las que se desarrolló el acto ocupan 100.000 metros cuadrados, lo que obligaría a alcanzar una densidad media de 10 personas por metro cuadrado para alcanzar el millón. Ni con diez meses a agua y lechuga. Algunos medios, como el diario El País, realizaron una estimación de asistencia superior, de algo más de 400.000 personas, en todo caso muy por debajo de la optimista nota de prensa de la policía municipal.
Con todo, empresa especializada de por medio o no, la manifestación de ayer en la ciudad Condal, mal que le pese a Montilla, a sus socios y a las organizaciones convocantes, evidenció una vez más el abismo existente entre la clase política catalana y el pueblo llano, entre los intereses de unos y otros, en definitiva entre el interés general y las veleidades políticas.
Aún tomando como referencia el millón cien mil participantes que "contabilizó" la Guardia Urbana, un cuerpo perteneciente al Ayuntamiento, institución gobernada por el PSC y por ello parte interesada, dicha cifra supone poco más del 20 por ciento de la población catalana con derecho a voto. Casi tres millones y medio de catalanes (3.456.130) de los cinco millones trescientos mil (5.320.395) que figuran en el censo electoral no estuvieron presentes. Evidentemente, muchos, acaso unos miles, hubieran querido asistir, pero les resultó imposible. Seamos generosos y sumemos unos cuantos cientos de miles. El paisaje no cambia, máxime porque la ausencia de apoyo popular se amplía en dos millones de personas(2.043.683) si se contabiliza a los ciudadanos sin opción de sufragio (la población de derecho de Cataluña suma 7.364.078 habitantes).
El panorama se torna aún más complicado para las fuerzas políticas catalanas si aparcamos el inmerecido beneficio de la duda hacia los datos policiales y aplicamos las más rigurosas cifras que aporta Lynce. En este supuesto, la participación popular en la protesta se limita a un ridículo 1 por ciento de los catalanes con derecho a voto, porcentaje que baja al 0,7 por ciento si se tiene en cuenta al total de la población. Este último matiz no es baladí, ya que carecer de los requisitos legales para poder emitir un sufragio no es óbice para participar en una manifestación. Si además tenemos en cuenta que los partidos movilizaron a sus militantes, quienes, como suele ser habitual, acataron y obedecieron la orden como si de soldados se tratase, la distancia entre lo estrictamente político y lo estrictamente ciudadano se amplía hasta convertirse en insalvable.
Pero las exiguas cifras con las que la sociedad catalana obsequió ayer a sus más destacados dirigentes políticos no suponen sino el refrendo de lo ocurrido en el referéndum del 18 de junio de 2006, una consulta popular sobre la reforma estatutaria que congregó a poco más del 48 por ciento de los electores, es decir, a 2.553.395 ciudadanos con derecho a voto de un total de 5.320.395. Una amplia mayoría de quienes acudieron ese día a los colegios electorales, un 73 por ciento, apoyó los cambios propuestos en el texto, pero no se debe obviar que ese porcentaje representa a un reducido 35% del electorado catalán, es decir, a 1.864.265 ciudadanos con derecho a voto.
Ante tan contundente panorama numérico, que los líderes políticos y los participantes en la manifestación se arroguen la representación del sentimiento catalán cabe considerarlo como una completa desfachatez, pero de sobran saben muchos de ellos, duchos en tal práctica, que la reiteración de una mentira hasta la saciedad la convierte en verdad ante los ojos de una opinión pública poco dada al análisis, demasiado acostumbrada a los planteamientos ideológicos prefabricados.
Cuentan para ello con la inestimable colaboración del altavoz en el que se han convertido unos medios de comunicación agradecidos en lo económico a la administración catalana, y por ello entregados sin tapujos a los designios partidarios, como bien se comprobó hace unos meses con la publicación conjunta de un editorial pro Estatut, uno de los sucesos más escandalosos en la historia de la prensa de este país. Podemos estar bien seguro de que aunque los números evidencien el fracaso, la manifestación conllevará un notable rédito político para sus promotores, principalmente para los grupos minoritarios más radicales, que mediante una interpretación torticera de lo ocurrido seguirán arengando a sus seguidores al tiempo que incrementando su capacidad de presión sobre los partidos mayoritarios y la prensa. Hacer cuanto más ruido posible siempre ha sido el mejor negocio para estos colectivos, que ayer convirtieron de facto la protesta en un acto en defensa de la independencia.
El mero hecho de que los medios de comunicación catalanes hayan concedido una veracidad rayana en lo religioso a los datos aportados por la guardia urbana, sin contraste ni matización alguna a pesar del interés partidario del ayuntamiento en la manifestación, evidencia una inaceptable implicación informativa, alejada de todo atisbo de ética periodística y de la buena praxis profesional. Una triste razón para que la ciudadanía desconfíe aún más de la prensa.
Los legítimos representantes del pueblo catalán hace tiempo que crearon una realidad ficticia, una burbuja que convive en paralelo a la realidad de los ciudadanos a quienes se han comprometido a servir. Sus objetivos no son los de aquellos, sencillamente porque la política por la política, sin aguzar el oído para escuchar más allá de las puertas de los lustrosos despachos, interesa a pocos, y esos pocos son, precisamente, ellos mismos.
Santiago Díaz Bravo
P.D.: ¡y que la selección le dé esta tarde la razón a nuestro querido Paul!
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