KOSOVO ESTÁ MUY LEJOS

La decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de avalar la declaración de independencia de Kosovo ha provocado que algunos políticos en España se echen las manos a la cabeza y otros se froten las manos. El Gobierno español es uno de los cinco ejecutivos de la Unión Europea, junto a los de Rumanía, Eslovaquia, Chipre y Grecia, que aún no ha reconocido la secesión de la ex provincia serbia, en ninguno de los casos atendiendo a un mero capricho, sino debido a la existencia de conflictos con minorías separatistas en sus territorios o, en el caso heleno, un sentimiento de solidaridad con la mayoritaria iglesia ortodoxa de Belgrado. El miedo ante un fallo que se consideraba poco probable era evidente, tanto como el disgusto que su materialización ha provocado en las fuerzas políticas de ámbito nacional, PSOE y PP, porque de sobra saben sus responsables que a partir de ahora los nacionalismos separatistas catalán y vasco cuentan con un argumento más para tensar la ya de por sí tensa cuerda constitucional. Y de poco valdrá que el propio tribunal, e incluso la administración estadounidense, firme partidaria de la creación del estado kosovar, hayan reiterado que el de los Balcanes es un caso extremadamente particular que no encuentra parangón en otras regiones europeas.

Y ciertamente no existen paralelismos de peso entre los argumentos políticos que han devenido en la independencia de Kosovo y los que puedan argüir los separatistas catalanes y vascos. Para empezar, más de un 80 por ciento de la población kosovar es de origen albanés y religión musulmana, y carece de un idioma de uso común con sus ex compatriotas serbios. Durante siglos ha sufrido una discriminación que ha incluido atroces brotes de violencia, e incluso ha sido objeto de políticas activas de limpieza étnica, y de esto no hace tantos años. Basta con remontarse a la década pasada, cuando un genocida de nombre Slobodan Milosevic asumió la presidencia de Serbia. Para más inri, la provincia de Kosovo ha padecido una histórica discriminación inversora que la ha conviertido en una de las regiones más pobres del continente. Los albano-kosovares jamás se sintieron parte de un Estado que les sometía, pero no les quería.

Cataluña y Euskadi, por el contrario, comparten una cultura, un idioma y un sentimiento religioso mayoritario con el resto de España, han sido especialmente mimadas en lo económico por el poder estatal, incluso durante el franquismo, especialmente las por entonces provincias vascongadas, y sufrieron las atrocidades de la Guerra Civil y la postguerra en igual medida que el resto de las regiones. La dictadura relegó a un tercer plano el protagonismo de sus idiomas autóctonos, pero tal situación ha revertido con la llegada de la democracia. Hoy en día disfrutan de administraciones propias con unas competencias cuasi federales y se hallan entre las comunidades más ricas y prósperas de la nación, además de permitirse tratar de tú a tú a la administración estatal en no pocos ámbitos. La diferencias con Kosovo resultan más que evidentes.

Pero, a pesar de todo, la búsqueda de puntos de convergencia o divergencia con el caso kosovar no es el quid de la cuestión, porque de lo que deberían darse cuenta de una vez tanto los partidos de implantación estatal como los nacionalistas es de que un territorio merecerá conformarse en un estado propio desde el mismo momento en el que una aplastante mayoría de sus ciudadanos así lo desee. El ansia de escindirse de una nación determinada vendrá marcada por la existencia de una identidad propia y el mejor o peor trato que dicha nación conceda al territorio en cuestión, pero se tratará, en cualquier caso, de un proceso a largo plazo en el que intervendrán varias generaciones. Nadie puede garantizar que un país vaya a mantener sus fronteras intactas por los siglos de los siglos, en primer lugar porque suspendería en historia, y en segundo lugar porque no se haría justicia al concepto de soberanía popular. Del mismo modo, nadie debería arrogarse un supuesto sentimiento secesionista que está aún muy lejos de ser mayoritario y que posiblemente no lo sea jamás. El nacionalismo separatista catalán y vasco encuentra su razón de ser en la exaltación de unos planteamientos sociales minoritarios que, a pesar de la periódica recriminación de las urnas, vincula sin timidez alguna, con suma desvergüenza, a una ficticia mayoría.

Lo que catalanes y vascos deseen en el futuro nadie lo sabe, pero lo que resulta a todas luces evidente es que en el año 2010 la inmensa mayoría de estos ciudadanos desea seguir perteneciendo a España, con mayores o menores niveles de autogobierno, que ese es otro debate, pero en ningún caso planteándose la conformación de un poder estatal propio. Los sucesivos resultados electorales reflejan claramente tal postura, también los estudios de opinión, incluidos los que realizan entidades vinculadas al entorno nacionalista, y hasta manifestaciones públicas como la protesta contra el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatut catalán, que a pesar de mostrarse como un rotundo éxito de las tesis soberanistas, la realidad es que congregó, en el más generoso de los recuentos, a poco más de cien mil personas.

La previsible polémica entre políticos estatalistas e independentistas acerca de las repercusiones del caso de Kosovo en la realidad española resultará inevitable, y poco importará que las preocupaciones de la ciudadanía, incluidas las de Cataluña y Euskadi, se dirijan hacia derroteros muy diferentes. Los políticos, según han reflejado los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, son percibidos por la población como el tercer problema más importante de la nación tras la crisis y el desempleo, y por lo que se ve no están dispuestos a renunciar tan fácilmente a esa suculenta medalla de bronce.

Santiago Díaz Bravo